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Sunday 19 November 2017
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Odebrech: El gran fraude procesal de la historia dominicana

Autor: Dr. Fabián Melo. Twitter: @Melofabiam

Primera Parte.

La empresa ODEBRECHT, para adueñarse del mercado de las grandes compras y obras de desarrollo público en unos 14 países en su mayoría de Latino América, llegando incluso al África. Desarrolló tentáculos en países desarrollados para triangular sus operaciones, y creó un departamento llamado “Operaciones Estructuradas” cuya política de acción era manejar pagos o sobornos para amañar y obtener información privilegiada, entre otras prácticas comerciales deshonestas.

Esta multinacional amparada en el soborno, y la financiación de campañas políticas en detrimento de la democracia y las instituciones de los Estados donde operó; en el caso de la República Dominicana, isla caribeña que se convirtió en un paraíso para el “Departamento de Operaciones Estructuradas” por la logística y seguridad conque podían realizar sus crímenes.

Como salida a todo éste escándalo de corrupción, las autoridades dominicanas han aceptado realizar un acuerdo con la empresa a cambio de que brinde información y nombres de las autoridades y funcionarios públicos sobornados.

Al respecto, advertimos con anterioridad a la homologación del mismo, bajo un criterio puramente técnico procesal en la materia el riesgo de caer en lo que denominamos “Fraude Procesal”, veamos:

1) En la primera oportunidad que fue sometido el acuerdo por ante sede judicial, el magistrado Alejandro Vargas declaró inadmisible el “ACUERDO” propuesto por el Estado Dominicano y el Grupo Corporativo, fundamentando en su Resolución las razones del cuándo y cómo puede aplicarse la conciliación, concluyendo que sobre ese caso no es posible por la gravedad de los hechos,

comento también“se pretende curar una enfermedad grave aplicando un remedio sencillo”.

2) A pesar de que la sociedad valoró como histórica una decisión contra la impunidad, en aquella oportunidad el Juez Vargas se abrazó al perfil de “juez salomónico”, y declaró el caso complejo, pero ¿Estaba Vargas habilitado para declarar la complejidad? ¿Era posible en términos procesales?

3) La verdad es que NO, pues no se había ordenado “el plazo para la investigación (Etapa Preparatoria)”. La Declaración de Complejidad tiene como efecto procesal la extensión de los plazos, reflexionemos ¿qué plazos se estaban ampliando, si aún no existían?

4) Fue evidente que el Juez Vargas, facilitó la cura para la enfermedad ¿Por qué no se designó un juez de la instrucción para que todas las posteriores diligencias procesales estuvieran bajo su control, y evitar lo que ocurrió, que fue apoderado nuevamente el juez coordinador?

5) En esta segunda oportunidad entonces el Estado Dominicano reformula excluyendo los artículos 166, 167 y 175 del Código Penal Dominicano, y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. Como para responderle al Juez Vargas, y decirle al futuro juez, ya pasó la gravedad procedamos con el “remedio sencillo”.

COMO EL JUEZ DANILO AMADOR QUEVEDO SENTO LAS BASES PARA TORCER EL DERECHO PROCESAL PENAL

6) El Juez Vargas, como coordinador eligió por sorteo al Juez DANILO AMADOR QUEVEDO, quien mediante “Resolución No. 059-2017-SRES-00098/RP, HOMOLOGA el ACUERDO entre el Estado Dominicano y ODEBRECHT.”, pregunta de rigor ¿Es posible mediante RESOLUCIÓN acoger el criterio de oportunidad que establece el art. 370.6, del Condigo Procesal Penal (CPP) para Casos Complejos? No, no lo es debido a que el CPP hace diferencia entre Resolución y Sentencia “art. 73. Corresponde a los jueces de la instrucción (…) dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado”.

7) Según el art. 370.6 del CPP, “(…) la aplicación del criterio de oportunidad debe ser autorizada por sentencia del juez o tribunal competente”. Véase que la formula mágica es la Sentencia. Queda claro que al resolver la homólogacion por Resolución el Juez Amador se aparta de lo que exige la norma procesal penal.

8) Para reflexionar sobre algunas violaciones puntuales cometidas por el Juez DANILO AMADOR QUEVEDO:

-En relación a la Competencia de tribunal ¿Se sabe dónde entregó ODEBRECHT los sobornos? ¿Cómo se determinó la competencia?

-El CPP sobre los Métodos prohibidos, en su art. 107 indica que en ningún caso se puede requerir del imputado ratificación solemne de su exposición o promesa de decir la verdad. Sin embargo el acuerdo exige la promesa de cumplir su palabra al procesado, una violación flagrante para los fines; en todo caso en Rep. Dom., esto sólo es posible con los testigos quienes quedan obligados a decir la verdad y a comprometer su declaración.

-El Estado ha renunciado a la Acción Pública, sin poseer pruebas y elementos fácticos necesarios para conocer la dimensión de estos crímenes propios de la delincuencia organizada transnacional bajo la promesa futura de entregar nombres de funcionarios sobornados.

– El Estado renuncia persecución penal en relación a ODEBRECHT y todos sus ejecutivos (art. 8 del acuerdo), pero el art. 370.6 del CPP, limita esto al imputado que realiza el acuerdo que en este caso es la persona jurídica ODEBRECHT. Existe, por otra parte una posibilidad que está planteada en el art. 36 del CPP “La aplicación de un criterio de oportunidad para prescindir de la persecución penal extingue la acción pública en relación al imputado en cuyo favor se disponga.”

No obstante, si el criterio se fundamenta en la aplicación del numeral 1 del art. 34 CPP sus efectos se extienden a todos los imputados, pero como hemos explicado y volvemos a reiterar, la base de todo es el artículo 370.6 del CPP.

-El juez Amador, establece en su decisión por Resolución que se está prescindiendo de un delito más leve para sancionar uno más grave pero sabe bien que no es cierto, que (el artículo 6 de la Ley No. 448-06), no sólo sanciona a las personas jurídicas con multas por el duplo, sino también con la clausura o intervención de la empresa por hasta 5 años, además, dicho artículo indica en párrafo I que sancionada la persona jurídica, a las personas físicas representantes, se les aplicaría la pena contemplada (en el artículo 5 de dicha Ley), es decir hasta 10 años de prisión.

-En muchos de sus razonamientos el Juez Amador, ha fallado gravemente en su deber fundamental primero como servidor público judicial, y segundo como ciudadano en tutelar, no sólo la certeza y eficacia de la norma jurídica, sino también, el FIN DE LA IMPUNIDAD.

-No se puede pensar otra cosa, al ver lo delicado de la confusión o interpretación errónea de las figuras del “sobornado” (corrupción pasiva), y del “sobornante” (corrupción activa), haciendo un uso de sus talentos de

razonar la complejidad en beneficio de ODEBRECHT, una empresa sobornante. Esto se evidencia en la (pág. 33 de su Resolución).

-Muy grave es la inclusión de una cláusula que establece que quedará sin efectos el acuerdo y volverán a ser perseguidos penalmente (ODEBRECHT Y SUS GERENTES) en caso de incumplir el ACUERDO. Grave por que representa una carnada o engaño para la opinión pública y su aspiraciones de que alguien guarde prisión. Pues sabe el Juez Amador que el Estado que aprobó el ACUERDO que él HOMOLOGA, deberá conformarse con la ejecución civil descrita en el art. 448 del CPP “La ejecución de la sentencia en cuanto a los intereses civiles y la ejecución de los acuerdos de las partes sobre la reparación del daño que provoca la extinción de la acción penal se tramitan ante la jurisdicción civil”.

-Estos y otros criterios, que seguiremos exponiendo en los diferentes foros en la medida que sigan surgiendo otros elementos del estudio de la misma, fundamentan desde ya, lo que hemos denominado El Gran Fraude Procesal de la Historia, pues otorga un premio de impunidad penal (a eventuales procesados), sin nada a cambio, sin la debida obtención o entrega previa de pruebas y elementos fácticos suficientes.

-Es el Gran Fraude Procesal de la Historia entre otras cosas porque en la República dominicana no existe la figura de la DELACIÓN PREMIADA, nuestro sistema procesal penal está basado en el Principio de Oportunidad Reglado, que está limitado por el CPP en sus artículos 30, 44.6, entre otros.