El 4% y pacto educativo: las falsas promesas en la educación dominicana

Han pasado casi nueve años de la firma del pacto para la reforma y mejora de la calidad educativa en la República Dominicana. Pero aún no se ha elaborado el reglamento para el monitoreo, evaluación y veeduría social. Esta reglamentación sería la base para dar seguimiento a los avances o acciones de cumplimiento del acuerdo asumido por todos los sectores de la sociedad dominicana.

Los acuerdos y compromisos asumidos en el pacto educativo son de distinta naturaleza. Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas. Otros exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados. Hay otros que promueven cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano personal y colectivo. Etos es para alcanzar una educación que permita a todos los dominicanos desarrollar al máximo sus potencialidades.

Nunca se ha reunido el comité de monitoreo y evaluación del acuerdo firmado por el expresidente de la República, Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño, la primera dama de la República, los líderes de los partidos políticos, los actores del sistema educativo e invitados especiales.

“Elaborar un reglamento que rija las funciones de monitoreo, evaluación y veeduría social del proceso de implementación del Pacto. El Comité Técnico de Apoyo presentará, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la firma del Pacto, una propuesta de Reglamento Interno a ser aprobado en sesión de trabajo de los compromisarios del Pacto”, dice el punto 9.10 del compromiso que fue firmado el 1 de abril de 2014.

Es decir, que no se tiene establecido sobre qué base se mide el avance, rezago o incumplimiento de los compromisos asumidos hasta el 2030.

qué dice el Consejo Económico y social

En respuesta a inquietudes de elCaribe, respecto a las razones por las cuales no ha funcionado este órgano tan importante, Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES) informó que “el Comité de Monitoreo y Evaluación forma parte fundamental de la gobernanza del Pacto Educativo pero no ha funcionado aún porque no se ha establecido quién es el responsable de su convocatoria”.

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 se presentó el informe de apreciación de los mecanismos de seguimiento al pacto y en ese entonces, la comisión de monitoreo, instalada en noviembre de 2015, “obtuvo baja calificación puesto que nunca llegó a concretar su funcionamiento”.

¿Qué más ha pasado?

La primera asamblea plenaria de los actores y entidades firmantes del pacto se llevó a cabo el año pasado tras una convocatoria hecha por el presidente de la República, Luis Abinader.

Luego de eso se realizaron otros cinco encuentros y en uno de esos se hizo énfasis en la debilidad del monitoreo por falta de un comité funcional.

“Nunca ha trabajado, no existe… Existe, nunca ha trabajado, nunca se ha reunido y no tiene reglamento…. ¿Usted sabe por qué no ha funcionado? Porque no ha tenido un coordinador, porque el CES no es parte de ese comité… Ese comité es fundamental en la gobernanza”, fue el intercambio de palabras que tuvieron Iraima Capriles, hasta hace poco directora ejecutiva del CES y el viceministro de planificación y desarrollo educativo, Rolando Reyes, en uno de los debates del pleno.

En ese encuentro el presidente del CES pidió “reorientar, readecuar, ese pacto educativo a las nuevas realidades y conforme a los diagnósticos que se han hecho”.

Trabaja en el vacío

El viceministro Reyes reconoció que desde el punto de vista de la gobernanza, se está trabajando en el vacío y eso “ha sido una debilidad del pacto” firmado, precisamente, para mejorar la calidad de la educación dominicana.

“Desde el punto de vista de avanzar en los compromisos del pacto, el que no se haya avanzado en los medios de gobernanza no significa que no se haya avanzado en el alcance de los compromisos”, dijo el viceministro Reyes a elCaribe al resaltar que el 74% de los recursos presupuestados por el Ministerio de Educación en el Plan Operativo Anual (POA) están alineados al pacto educativo.

Pese a que el CES y el Minerd afirmaran que el Comité de monitoreo nunca operó, el director de Educa, Darwin Caraballo, refiere que la entonces viceministra Magdalena Lizardo era la responsable de los informes de monitoreo y seguimiento, en base a los cuales el comité de veeduría coordinado por Educa, actuaba y validaba desde el año 2013 hasta el 2020.

“Ese comentario es válido siempre y cuando esté circunscrito a este período gubernamental, pero del anterior sí funcionaron todos los comités de coordinación conjunta que Iraima presidió”, afirmó Caraballo.

Informes de veeduría

Pese a esta falta de reglamento, el comité de veeduría, integrado por actores de la sociedad civil, ha hecho tres informes respecto a los avances del pacto pero esto ha sido sin el apoyo económico del Ministerio de Educación y con muchas trabas para el acceso a los datos.

“Es importante precisar que, debido a restricciones presupuestarias, el Comité de Veeduría no difundió de manera amplia estas recomendaciones, ni dio un seguimiento continuo al cumplimiento de las mismas. Lo que debe ser considerado a la hora de evaluar el nivel de avance de las acciones implementadas”, dice el informe de veeduría del año 2018.

La funcionalidad limitada de la comisión de veeduría es corroborada por Mari Cantizano, doctora en Ciencias de la Educación, y persona ligada a la formación docente.

“Ni las veedurías han funcionado. Crónica de una muerte anunciada. Cuando en algunos espacios solicitaron información, se les negó y se les negó y muchas personas responsables, serias, comprometidas, decidieron retirarse”, recuerda la profesional que sin mucho titubeo califica la firma del pacto educativo como una estrategia marcadamente politizada.

A su juicio, era de esperarse que el sistema no estuviese aportando para que se realicen efectivamente las veedurías, puesto que hay muchas precariedades en las escuelas: falta de agua potable, de servicios sanitarios adecuados, de alimentación adecuada para los alumnos, planteles en muy mal estado o construidos bajo esquemas cuestionados.

De igual manera refiere que los planes de estudio de las universidades, no necesariamente se corresponden con el currículo educativo, con los fundamentos, la malla curricular.

¿Qué datos hay?

De esos indicadores, recogidos con limitaciones, se puede establecer qué cosas medibles se han cumplido, cuáles están estancadas, así como las proyecciones de cara al 2030 que es el año en que concluye ese compromiso.

Darwin Caraballo explicó que en el proceso de seguimiento a los compromisos del pacto, solo pudieron asignarles valor a 57 de los más de cien puntos tratados en el pacto. Los demás son abstractos.

Caraballo dijo que solo el 12%, de los compromisos que se pueden medir, se han realizado, en tanto que el 43% tiene un avance moderado y 21% está estancado.

En el informe correspondiente al 2020 se describe que el nivel de cumplimiento del acápite relativo a garantizar el derecho fundamental de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a recibir una educación de calidad, es de un 59% y se prevé, por el nivel de avance que se lleva, que al 2030 esa meta llegará a concretarse en un 79% en el nivel inicial.

En el nivel primario actualmente está en 94% y al 2030 estaría en 96% y el nivel secundario los números están en 72% a la fecha y se prevé que llegue al 100% en 2030.

En el aspecto relacionado al acceso universal y con equidad, el informe dice que tiene avance moderado porque tiene un nivel de cumplimiento bajo, decir 24% para el primario y en un 10% en el secundario por lo cual tiene una categoría de objetivo no alcanzable para el 2030.

En el informe (2020) se destaca que 406,793 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no están escolarizados, de acuerdo con últimas cifras del año escolar 2018-2019, y las estimaciones de población de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) para el año 2018.

En tanto que en lo que tiene que ver con ofrecer educación pública gratuita, obligatoria y de calidad, en el nivel inicial a partir de los 3 años obtuvo calificación baja debido a que en este punto se está en un 59% de cumplimiento.

Construcción de escuelas

Si bien gran parte del presupuesto asignado al Ministerio de Educación desde que se firmó el pacto fue destinado a la construcción de escuelas, a la fecha de hoy ese apartado solo tiene un nivel de cumplimiento moderado.

Esto se debe a que a esa fecha, en muchas partes del país existe una superpoblación estudiantil por aula, 51.4 alumnos, lo cual no es un valor de calidad.

Sobre este punto, el viceministro de Educación resaltó al momento de hacer su exposición en el Consejo Económico y Social, que en construir aulas y contratar docentes se ha ido el 84% de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) asignado cada año al Ministerio de educación.

Explicó que en lo que tiene que ver con el desarrollo de la carrera docente, otro de los compromisos del pacto, hay un nivel de cumplimiento de un 16%; en la parte de evaluación del sistema de educación dominicano tiene un 40% de rezago y 10% no iniciado. En tanto que en lo que tiene que ver con la modernización del sistema, solo se ha completado el compromiso en un 13%.

Un pacto de incumplimientos

Cuando faltan siete años de vigencia de este compromiso social, el incumplimiento por parte de los diferentes actores ha sido un denominador común: el Estado en cuanto a acciones administrativas, legislativas, demandas y necesidades del sector educativo; la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a través de sus constates huelgas y suspensiones de docencia por cuestiones propias de ese gremio, a pesar de que pactaron no comprometer las jornadas de clases.

“En los casi nueve años que tiene el pacto para la reforma educativa, se han contabilizado jornadas perdidas de clase que han sido significativas en términos de cantidad y en lo que impacta a estudiantes de menores recursos”, reflexiona el director de Educa.

El viceministro Rolando Reyes afirma que la principal causa del no cumplimiento del calendario escolar son las huelgas que hace el sindicato.

Cantizano refiere que el comportamiento de la ADP deja entrever que sus preocupaciones en las asambleas, son de carácter de conquista de condiciones laborales y no para la generación de conocimiento debido a que al hacer una evaluación en las condiciones pedagógicas de los docentes, no hay respuesta satisfactoria.

“Voy a defender que la calidad de la educación tiene que ver de la calidad mía como docente, como maestra: que me paguen bien, que tenga una casa decente, que me tengan lo básico pero de ahí a que sea solo eso, más temprano que tarde, la ADP va a tener que cambiar”, refiere la educadora.

Durante varias semanas elCaribe intentó obtener una reacción de la ADP respecto a este tema y pese a los esfuerzos no fue posible conversar con el dirigente Eduardo Hidalgo.

No ha funcionado aún porque no se ha establecido quién es el responsable de su convocatoria”
Rafael Toribio
Presidente del CES

El que no se haya avanzado en los medios de gobernanza no significa que no se haya avanzado”
Rolando Reyes
Viceministro educación

2,030
Plazo El pacto fue firmado en 2014 por la Presidencia, partidos políticos, sector educativo y otros actores hasta 2030.

Fuente: El Caribe