Respaldo a medidas para transparencia en precios de las medicinas en NY

Una carta firmada por representantes de 42 organizaciones fue enviada a la Legislatura estatal con el objeto de hacer hincapié en la urgente necesidad de incluir reformas en el marco del nuevo presupuesto para alcanzar la transparencia en los precios de los medicamentos recetados.

Las entidades que representan a los adultos mayores, las comunidades de color, los trabajadores, los médicos, el clero y otros grupos, se dirigieron directamente a la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins y al presidente de la Asamblea Carl Heastie para que promulguen las medidas que incluyó la gobernadora Kathy Hochul que requerirían que los fabricantes de medicamentos informen con anticipación sobre los aumentos de precios planeados, amplíen la autoridad del estado para investigar las propuestas de aumentos y divulguen los acuerdos que retrasan el acceso de los consumidores a medicamentos genéricos más baratos.

“El Senado incluyó muchas de estas reformas en su propuesta presupuestaria la semana pasada, pero, lamentablemente, la propuesta de la Asamblea no incluyó ninguna”, indicó en un comunicado AARP New York.

“No es menos que indignante que las personas en Estados Unidos continúen pagando tres veces más por los mismos medicamentos recetados que las personas en otros países mientras los precios aquí continúan aumentando”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York.

“Sería igual de indignante que nuestros dirigentes estatales no dieran al menos el modesto paso de garantizar que los residentes de Nueva York sepan lo que tendrán que pagar por los medicamentos que necesitan. Y si la experiencia de otros estados sirve de guía, la transparencia bien podría llevar a menos aumentos y de menor cantidad en el estado”, agregó en la nota de prensa.

Sondeos de AARP New York demuestran que ha habido un aumento en los últimos tres años en la cantidad de residentes del estado de 45 años o más que dijeron que poder pagar los medicamentos recetados era “importante” (88% en el 2022, en comparación con el 81% en el 2019).

“La propuesta de la gobernadora (Hucul) representa una de las iniciativas más completas de transparencia en el precio de los medicamentos recetados en el país, ya que combina requisitos de informes de aumento de precios de medicamentos de gran alcance con la divulgación obligatoria de acuerdos de “pago por demora”, lo que evita que los consumidores tengan acceso a versiones genéricas más baratas de los medicamentos durante un promedio de 17 meses, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos”, dice la carta.

El plan de la gobernadora facultaría al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York para investigar las afirmaciones de los fabricantes de medicamentos sobre las razones de los aumentos de precios, basándose en la autoridad existente de la agencia para investigar ciertos aumentos de precios.

Suspenden tratamientos

“Casi un tercio de los adultos mayores afroamericanos dejan de tomar ciertos medicamentos debido al costo”, dijo en el mismo comunicado Hazel N. Dukes, presidente de la Conferencia del Estado de Nueva York de la NAACP. “Eso debe cambiar. Dar luz a las alzas de precios propuestas y a las ofertas sombrías que nos alejan de los medicamentos genéricos —e investigar aumentos atroces— sería un gran comienzo”.

En ese mismo sentido se pronunció Amanda Dunker, directora de Políticas de Salud de la Community Service Society of NY: “Demasiadas personas en Nueva York informan que cortan las pastillas a la mitad o evitan surtir sus recetas debido a los costos”.

Por su parte, Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana, se refirió  a lo vital que es que la comunidad latina de Nueva York reciba información culturalmente competente sobre la asequibilidad de los medicamentos recetados que salvan vidas. “Ampliar la transparencia de la información ayudaría a asegurar que las comunidades tomen decisiones informadas y sensatas con respecto a sus medicamentos y que puedan llevar a que todos los residentes del estado vivan vidas más saludables”.

“Un aumento de la transparencia en los precios de los medicamentos recetados es un paso vital para asegurar que los adultos mayores puedan planificar sus necesidades de atención médica”, dijo Karen L. Nicolson, directora ejecutiva del Center for Elder Law & Justice. “Es difícil navegar por el sistema de atención médica, y cualquier aumento en la transparencia ayudará a aliviar la carga de lidiar con los cargos ocultos y los aumentos imprevistos, en particular para las familias de bajos ingresos”.

Los activistas recuerdan que 19 estados, entre ellos California, Texas, Nueva Jersey, Connecticut y Vermont, ya han promulgado 26 leyes de transparencia en materia de medicamentos. Vermont reportó una disminución de casi el 80% en el número de aumentos de precios del 15% o más para su programa Medicaid financiado por los contribuyentes entre el 2016 y el 2020. La ley de transparencia de Oregón dio lugar a un 70% menos de informes de aumentos de precios por encima de su umbral del 10% o más para los medicamentos cuyo precio fue de $100 o más en el primer año, entre el 2019 y el 2020.

Puntos de la reforma

• Requerir que los fabricantes de medicamentos recetados informen sobre los aumentos de precios por adelantado, incluidas las razones del aumento y el requisito de proporcionar a los consumidores —y a los contribuyentes estatales que pagan $9,000 millones en medicamentos recetados cada año— un aviso anticipado de los aumentos propuestos en los precios de los medicamentos recetados, y;
• Requerir la divulgación o la prohibición de los acuerdos de ‘pago por demora’ por medio de los cuales los fabricantes de medicamentos de marca pagan a los fabricantes de genéricos para mantener sus versiones genéricas más baratas fuera del mercado durante casi 17 meses en promedio, según la Comisión Federal de Comercio. Dado que los medicamentos genéricos son hasta un 85% menos costosos que los medicamentos de marca, retrasar el acceso a versiones más baratas equivale a un aumento de precios, lo que les cuesta a los consumidores en el país hasta $37,000 millones al año, según los investigadores.

Fuente: AARP New York